Europa comienza a proteger a los pequeños agricultores frente al ‘lobby’ de los grandes supermercados

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La guerra entre los agricultores y las grandes cadenas de distribución tendrá un árbitro en el marco europeo

Huerto-naranjos-Burriana-Castellon

  • La UE ultima un tratado de malas prácticas para acabar con la venta a pérdidas en la agricultura y el retraso en los pagos
  • La Unió de Llauradors aplaude la medida aunque exige pasos más contundentes y transparencia en la fijación de precios

El Parlamento prevé aprobar este octubre una normativa que vigile y persiga las malas prácticas en el comercio agrícola después de años de reivindicaciones de los productores.

El principal objetivo del acuerdo, propuesto por los verdes y aceptado por el comisario de Agricultura, es acabar con la venta a pérdidas. Al margen de los temporales, este es el principal problema del campo valenciano: no saber cuándo ni cuánto cobrarán por la cosecha. En España la venta a pérdidas es ilegal, como lo establece la Ley de Cadena Alimentaria y la de Comercio Minorista. El Estado posee un organismo específico para controlar las prácticas agrícolas, la Agencia de información y control alimentario (AICA). En 2017 realizó 223 inspecciones a empresas en el territorio valenciano, más de la mitad -un 65%- pertenecían al sector hortofrutícola. La acción se saldó con 85 sanciones por prácticas abusivas.

No obstante, en Europa y hasta la fecha, la venta a pérdidas no está prohibida. Ni existe un marco normativo común. Las grandes distribuidoras utilizan triquiñuelas y vacíos legales para fijar precios de facto y utilizan los productos perecederos como reclamo para acudir a la compra. En otras palabras, ofrecen al consumidor un descuento notable en frutas y verduras para ‘captarlo’ para su compra semanal. Esta práctica, según critica el portavoz de la Unió de Llauradors, Joanma Mesado, se hace a costa de los márgenes de los productores, no de los supermercados. “El supermercado marca un precio para el consumidor y de ahí va bajando, así que el último escalón, el agricultor, es el que menos cobra”, explica Mesado.

Los productores, señala el portavoz, apenas tienen peso en las negociaciones. Según los cálculos de la Confederación de Cooperativas Agrarias (COPA-Cocega), los agricultores sólo reciben el 23% del valor añadido de los productos agrícolas, mientras que la parte de los distribuidores es del 53%.   Además, dice la entidad, los ingresos de los agricultores sólo representan el 46,5% de las rentas medias de otros sectores económicos.  

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